miércoles, 15 de febrero de 2017

Carta abierta a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes


Ante los recientes acontecimientos que se suscitan en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes, en mi condición de investigador y docente de la misma, y ante el reclamo que he hecho por ante los tribunales de la República, mediante recurso contencioso-administrativo luego de haber agotado la vía interna universitaria, en la cual no se dio respuesta a los recursos de reconsideración y jerárquico que introdujera el día 27 de junio del año 2016 ante el Consejo de la Facultad, y el día 28 de julio del mismo año ante el Consejo de Estudio de Postgrado (CEP) respectivamente, por la medida administrativa irrita dictada por el primero a solicitud de la Decana Encargada, quien en abierta extralimitación de funciones, abuso de poder y violentando mi derecho a la defensa, al debido proceso y sin procedimiento administrativo alguno, se procedió a mi sustitución como Coordinador del Doctorado en Estudios Políticos en fecha 23 de junio del mismo año, deseo aclarar lo que corresponde:

Algunos antecedentes necesarios

Mi condición universitaria es una impronta familiar desde que tenía 14 años de edad, cuando mi padre Luis Aguilar León era el Presidente de la Asociación de Profesores (APULA) de nuestra casa de estudios, y representante profesoral por nueve años ante el Consejo Universitario. Eran los tiempos de Pedro Rincón Gutiérrez, Nestor López Rodríguez y otros estadistas universitarios que difícilmente volverán.Conozco de primera fuente cada uno de los actores de esta universidad, ya que desde muy temprana edad recorría los espacios de la academia acompañando a mi padre en las luchas profesorales.
Luego lo hice como representante estudiantil ante el Consejo Universitario durante tres años consecutivos, donde libramos batallas gloriosas como el hoy pisoteado pasaje estudiantil, comedor gratis para los estudiantes, articulación de la universidad con la sociedad, defensa del Mucujún y en contra de las minas de Bailadores, entre otros.
Finalmente, como representante profesoral ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas durante nueve años ininterrumpidos, ejercí la defensa de la academia y de mi Facultad como valor fundamental de un universitario. Conozco a la Facultad y a cada uno de los que de ella forman parte, en su condición de profesores, estudiantes, obreros o personal administrativo. 

La necesidad de romper la polarización que secuestra la política

Lo que le ocurre a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas es lo que le acontece a la universidad y al país. Por lo que pretender polarizar lo que en ella está pasando es un mal punto de partida para su caracterización y, en consecuencia, para la búsqueda de soluciones.Hay dos situaciones que son necesarias dilucidar en el momento actual: una de legalidad y otra de legitimidad de origen.Así como le exigimos al gobierno contarse es fundamental que la universidad también se cuente. Las elecciones son una necesidad imperiosa en la casa que desde hace rato ha dejado de “vencer las sombras”.


¿Por qué tuve que recurrir al contencioso-administrativo?

Acudí al contencioso-administrativo porque la universidad nunca respondió a mi querella y recursos. Agoté la sede administrativa universitaria incluyendo el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en los lapsos que establece la ley.La autonomía universitaria no puede ser un chantaje para no actuar. La autonomía universitaria puede ser también violentada desde adentro, como de hecho ha ocurrido con la decisión del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas que destituyó de sus cargos a tres coordinadores de programas de postgrado, violentando los procedimientos administrativos necesarios para estos casos, el derecho a la defensa y al debido proceso respectivamente.Los cargos de coordinadores de programas de postgrado no son de libre remoción pues en ellos, entre otras cosas, no se devenga sueldo alguno. No puede ser comparado al de un Ministro ya que estos últimos no son cargos meritocráticos. Pero no solo eso, son cargos a los que se accede por méritos académicos, por credenciales en investigación y extensión, y que deben estar al margen de la contingencia política del momento.


Cronología de la “ley azul” o crónica de la autonomía universitaria extraviada y ahora polarizada

  • Abril 2016: el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas le quita competencia a los programas de postgrado de la Facultad, arrogándose la competencia en el nombramiento de los coordinadores sin notificación a los mismos. De un plumazo se derogan los reglamentos internos de cada programa. ¿Dónde queda el derecho a la información y al debido proceso?
  • Mayo 2016: el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas le quita la competencia al Doctorado en Estudios Políticos, a sus grupos de investigación adscribiendo el Doctorado al Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL). El coordinador en su momento nunca fue notificado así como tampoco los grupos de investigación. ¿Dónde queda la autonomía universitaria que descansa en la libertad de cátedra y en las unidades primarias de investigación?
  • Junio 2016: el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas procede a nuestra sustitución el día 23 de junio en forma “exprés”, y vía moción de urgencia el lunes 27 de junio el Consejo Universitario ratifica la decisión del Consejo de la Facultad. ¿Dónde queda el debido proceso, el derecho a la defensa y el procedimiento administrativo?
  • Julio, 2016: se introduce recurso de reconsideración a la decisión del 23 de junio del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la cual es discutida el 1 de julio, señalando que el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas no tiene nada que decidir pues se trata de una resolución del Consejo Universitario de fecha 27 de junio. ¿Dónde queda el derecho a la defensa y al debido proceso? ¿Dónde está la autonomía universitaria?
  • Julio, 2016: se introduce recurso jerárquico al CEP por ser la instancia coordinadora de los programas de postgrado de la universidad. Hasta el día de hoy, el CEP nunca consideró el recurso jerárquico. ¿Dónde queda el derecho a la defensa y al debido proceso? ¿Dónde está la autonomía universitaria?
  • Octubre 2016: se introduce recurso ante el CNU. El recurso ante el CNU coincide con una solicitud extemporánea de investigación del señor Rector al Doctorado en Estudios Políticos. El Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas procede a nombrar una comisión, la cual al día de hoy no se conocen las resultas de sus actuaciones.
  • Noviembre 2016: CNU responde/recomienda acudir al contencioso-administrativo.
  • Febrero 2017: se procede a recurrir al contencioso-administrativo.


¿Qué proponemos en el momento actual?

Solicitamos un derecho de palabra en el Consejo de la Facultad y el Consejo Universitario respectivamente, en condiciones de igualdad y sin discriminación.Asimismo, exigimos un derecho a replica en los medios de comunicación de la universidad pues estos pertenecen a todos los ulandinos y no solo a las autoridades universitarias de turno.Convocatoria a la Asamblea de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.Llamado a elecciones generales en la Universidad de Los Andes.Despolarizar el debate académico en torno a la universidad que tenemos y a la universidad necesaria.

En Mérida 14 de febrero 2016.

Vladimir Aguilar Castro
Profesor titular.
Grupo de trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)

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