miércoles, 6 de abril de 2022

Algunos elementos para la construcción de políticas públicas indígenas


 

En el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, se hace una reflexión sobre la interpretación que desde el punto de vista de los derechos humanos significa la diversidad cultural. En ella se indica que " (…) los pueblos indígenas tienen el derecho a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales". Estos principios convertidos en norma de derecho suave sobre la diversidad cultural, deben de llevarse a la práctica mediante la ejecución de políticas públicas, por lo que resulta necesario que los pueblos y comunidades indígenas tengan conocimiento de sus derechos a los fines de ejercer su participación en la construcción de sus políticas públicas. 

Para la construcción de políticas públicas podemos establecer tres momentos:

I. Momento: Marco teórico- conceptual para aproximarnos a una noción de políticas públicas indígenas desde su transversalización. 

1.- La política pública es una política de Estado, pero también de los actores no estatales. 

2.- La política pública es un asunto que concierne a lo público, por lo tanto, es de interés general. 

3.- La política pública tiene un carácter estratégico. Por lo tanto, la política pública debe ser construida de arriba hacia abajo, pero también puede ser construida de abajo hacia arriba. 

4.- La política pública es una forma de ejercicio de los derechos (indígenas), incluyendo aquellos no reconocidos en el ámbito interno. 

II. Momento: De abajo hacia arriba. 

Con las comunidades indígenas se debe definir sus demandas sociales, para esto es fundamental fortalecer a las organizaciones indígenas. 

Una vez que se tiene el diagnóstico de las necesidades en los territorios indígenas, estas se convierten en demandas sociales, esto último, se puede realizar a partir de un mapeo social; es posible priorizar las demandas y comenzar a trabajar en la construcción de la política pública más eficiente, esto dependerá de la comunidad indígena y de sus demandas territoriales.

III. Momento. Ejercicio de la política pública. 

Una vez construida la política pública indígena esta deberá ser ejercida en los hábitats y tierras de estas poblaciones originarias. Las políticas públicas generalmente son ejercidas desde el Estado (instituciones competentes) pero también pueden ser ejercidas por actores No estatales. 

La importancia de un diseño eficiente de políticas públicas para pueblos indígenas, puede ayudar a reducir la brecha de pobreza y los conflictos que existen en sus territorios. 

Una política necesaria en los territorios indígenas debe ser la del fortalecimiento de sus planes de vida por medio de los planes de ordenamiento territorial. Esto último, se realiza estableciendo los usos tradicionales de los territorios de estas poblaciones, precisando las posibles potencialidades y  amenazas de estos hábitats y tierras. 

Así mismo, los planes de ordenamiento indígena permitirían un uso sostenible de su territorio, mitigando los efectos del cambio climático. 

En la actualidad, frente a la crisis que ocasiona el extractivismo en los territorios indígenas, fundamentalmente los de la región amazónica, es necesario que las políticas públicas nacionales y regionales estén dirigidas a fortalecer a partir de las potencialidades del territorio, proyectos de emprendimiento que le permita al pueblo o comunidad indígena ser autogestionarios, reivindicando así una de las aristas del principio de libre determinación de los pueblos. 

Para frenar el extractivismo en territorios indígenas es necesario políticas públicas de carácter regional, nacional y local. 


lunes, 28 de marzo de 2022

 Nueva Publicación  del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas 👇


Esta publicación es el resultado de varias circunstancias. Primero, es el reflejo de una discusión que ha transversalizado toda nuestra investigación teórica y de campo en torno a la dificultad de materializar los derechos territoriales indígenas en Venezuela. Segundo, es un intento (de ida y de vuelta), de la teoría a la praxis y de la praxis a la teoría, de sistematizar desde lo jurídico, histórico y politológico (en ese orden) los nudos gordianos de derechos indígenas inconclusos. Tercero, este trabajo retoma lo escrito en un tiempo concreto por cada uno de nosotros (2002 y 2016 respectivamente), sobre un tema que sigue siendo el quid pro quo de un debate aún pendiente: los intereses del Estado- Nación versus los derechos territoriales indígenas. 


El libro se puede descargar en el siguiente enlace:

miércoles, 23 de marzo de 2022

 

PRONUNCIAMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS INDÍGENAS ANTE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LOS  HÁBITATS Y TIERRAS INDÍGENAS DEL PUEBLOS YANOMAMI- VENEZUELA.

 

El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, ante una nueva afrenta de muerte contra el pueblo indígena Yanomami de Venezuela, desea señalar lo siguiente:


1. A casi un año para cumplirse 30 años de la masacre de Haximu, un nuevo episodio de muerte contra el pueblo indígena Yanomami se produce en el sector Parima B, Municipio Alto Orinoco, en el estado indígena de Amazonas.


2. Cuatro (4)  indígenas Yanomami resultaron muertos y varios heridos, en un enfrentamiento con funcionarios de las fuerzas armadas nacionales, en una situación por lo demás difícil  de comprender.


3. Lo único cierto, es que los indígenas de nuestro país en general y los Yanomami en particular, son víctimas permanentes de las amenazas que se ciernen sobre sus territorios y culturas y, de la incomprensión de funcionarios públicos que realizan labores en sus hábitats indígenas.


4. Urge la puesta en práctica de políticas públicas Interculturales llevadas a cabo por las organizaciones indígenas de base, que instruyan a los funcionarios públicos en la forma de actuaciones que se deben practicar en los territorios indígenas.


5. Por otra parte, el uso desproporcionado de la fuerza pública riñe con las formas pacíficas de resolución de conflictos en el seno de las comunidades indígenas.


6. Debe instalarse de forma inmediata una Comisión Interinstitucional con representación indígena a través de sus organizaciones regionales legítimas como ORPIA y otras de base, junto a la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, ZODI y la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato, entre otros, para que de manera expedita se aboquen al esclarecimiento de los hechos.


7. Resulta lamentable que a seis meses de solicitar Horonami (organización indígena del pueblo Yanomami del estado indígena de Amazonas), junto a otras organizaciones de base indígena, medidas cautelares de protección en sus territorios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC-809-20), sin hasta el momento tener ninguna respuesta, se produzca este nuevo episodio de muerte.


8. El Estado venezolano debe proceder de manera inmediata a dar respuesta a este abominable suceso, respetando la activación de las Jurisdicciones Especiales Indígenas en este caso del pueblo indígena Yanomami, junto al reconocimiento de su territorio, en el entendido que es uno de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial del país, el cual goza de una protección especial en el marco del derecho internacional de los pueblos indígenas.


En Mérida, a los 22 días del mes de marzo del 2022 

martes, 26 de febrero de 2019


Pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) frente a la represión que está viviendo el pueblo Pemon de la Gran Sabana, Venezuela.
1.- El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, repudia contundentemente los hechos de violencia que están ocurriendo en el territorio del pueblo Pemon, en la Gran Sabana del Estado Bolívar.

2.- Los derechos de los pueblos indígenas son reconocidos en distintos tratados internacionales (Convención 169 de la OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas entre otros), y  han sido ratificados por el Estado venezolano.

3.- Debido a lo anterior, todo lo que acontece en un territorio indígena debe ser autorizado por sus autoridades tradicionales, respetando los usos y costumbres de estos pueblos, tal y como lo señalan los instrumentos internacionales.

4.- Por tanto, como lo señala el artículo 30, numeral 2 de la Declaración de los Pueblos Indígenas: “Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”

Es así como frente a la espiral de violencia y represión de la cual está siendo víctima el pueblo Pemon de la Gran Sabana, el GTAI exige a las autoridades del Estado competente:

1.- El cese inmediato de la violencia en los territorios del pueblo Pemon de la Gran Sabana.

2.- La total y completa desmilitarización de algunas zonas de sus territorios ancestrales.

3.- El respeto a las autoridades tradicionales indígenas Pemon dentro y fuera de sus territorios.

4.- El cese al hostigamiento de los principales líderes indígenas y la no criminalización de sus luchas.

5. La conformación de una comisión con representación de las autoridades tradicionales indígenas, en particular del Consejo General de Caciques, para el esclarecimiento de los hechos respetando los mecanismos de resolución de conflictos de conformidad a sus usos y costumbres.

6,- Activación inmediata y reconocimiento de la jurisdicción especial indígena por parte del Estado venezolano.

En Mérida, Venezuela, a los 26 días del mes de febrero de 2019.
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes
Mérida- Venezuela


jueves, 5 de abril de 2018

El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, ante la inevitable perdida del Dr. Ricardo Colmenares desea manifestar lo siguiente:

- El Dr. Ricardo Colmenares ha sido uno de los pioneros de los derechos indígenas en Venezuela.
- Su condición de profesor jubilado de la Universidad del Zulia y ex juez de la República le permitieron gozar de un gran prestigio en el ámbito académico y judicial.
- El Dr. Ricardo Colmenares siempre abogó por los más débiles y vulnerables siendo uno de los abogados defensores del Cacique Yukpa Sabino Romero de la Sierra de Perija.
- La ausencia del Dr Ricardo Colmenares en esta hora aciaga de derechos indígenas pendientes es una irreparable perdida para el movimiento indígena venezolano y para el mundo académico nacional.

En Mérida a los 5 días del mes de abril del 2018

lunes, 12 de marzo de 2018

Inicio de foros sobre el Primer Boletín “Desarmando el Arco Minero”.



El pasado 28 de febrero se realizó un conversatorio “Arco Minero del Orinoco: a dos años de la firma del decreto 2248” en Caracas por la Plataforma por la Nulidad del Arco Minero del Orinoco, en conjunto con el Centro de Estudios de la Realidad Latinoamericana. La misma reunió activistas e individuos interesados en los impactos que este mega proyecto acarrea.  Entre los destacados ponentes se encontraban el ingeniero metalúrgico Cesar Romero, la periodista e investigadora de la revista Sic del Centro Gumilla Minerva Vitti y el sociólogo Edgardo Lander, quienes de manera general, discutieron las nefastas consecuencias del proyecto en el territorio venezolano y la importancia de informar a la ciudadanía del mismo.
PROVEA hace una reseña de las intervenciones de los ponentes en el foro: César Romero advirtió sobre los impactos socioambientales que ha generado la explotación “artesanal” o a pequeña escala por parte de grupos mineros en el estado Bolívar.  Por su parte, el investigador social Edgardo Lander trató los significados amplios de lo que intenta el gobierno de Maduro con la firma del decreto 2248: generar condiciones favorables para la inversión de empresas multinacionales integrando a Venezuela en los territorios de extracción de mercancías no petroleras, profundizando el rentismo.
Finalmente, queremos hacer énfasis en la intervención de Minerva Vitti la cual versó sobre la situación de los pueblos indígenas y el impacto de la minería en sus vidas y hábitats, pues recalca que se ven forzados a desplazarse de sus territorios ancestrales, a incorporarse a veces de manera forzada a la actividad minera, sufriendo de epidemias de enfermedades tratables como el paludismo que llevan a morir a cientos de ellos, por la falta de respuesta de las autoridades.
En este sentido, Vitti puntualizó seis problemas de las comunidades indígenas entre los cuales figura uno que GTAI ha insistido permanentemente y el cual tiene preponderancia, que es el del incumplimiento por parte del Estado en la demarcación de los territorios indígenas. Como segundo problema la negación el derecho de consulta previa, libre e informada para la exploración y explotación minera en su territorio, específicamente para el Arco Minero del Orinoco.
Continúa con el tercer problema que asigna a la militarización de los territorios, la violación de DDHH y la presencia de grupos irregulares en las zonas de explotación minera.  Como cuarto problema, expone la inexistencia de centros de salud asistencial, medicamentos y alimentos, lo que ha llevado al desplazamiento e inmigración forzada de los grupos indígenas. Finalmente, planteó el problema de cómo la minería ilegal y los distintos actores que están inmersos han causado masacres, violación y secuestro de mujeres, tal y como lo han denunciado en repetidas ocasiones la organización de mujeres indígenas amazónicas Wanaaleru.
No obstante, al final de su intervención, Vitti intenta dar una pequeña luz ante el sombrío panorama al mencionar algunas de las importantes iniciativas de comunicación y difusión de información, que resultan cruciales para ayudar a palear y posteriormente solventar la situación de los indígenas no solo en Bolívar sino en Amazonas como la organización de los Wuaraos para informar y denunciar su situación a través de la radio Fe y Alegría. El Comité de DDHH tiene diecinueve años trabajando en La Guajira visibilizando por medios de comunicación lo que ocurre con los Wayúu, así como han ayudado en la creación de la Red de Comunicación Wayúu; y destacó la participación de una cineasta indígena en un Festival de Documentales en Ecuador. 
De manera que, gran parte de la solución a los problemas que están padeciendo las comunidades indígenas versan primero en la investigación y evidencia para su posterior visibilización y difusión. Esto último, es lo que permite lograr el conocimiento y la sensibilización de los mismos en la ciudadanía, pues tal situación nos afecta y concierne a todos.
 De igual forma, habría también que añadir la importancia de la enseñanza acerca de la difusión de información sobre sus derechos a las comunidades indígenas y cómo, denunciar su vulneración, a su vez que escuchar las alternativas y soluciones que planteen los mismos afectados para lograr trazar estrategias que atiendan a sus necesidades en un marco de respeto a su legado, patrimonio y singularidad cultural.
Este conversatorio fue el primero de una serie de foros, reuniones y conversatorios que se realizarán para difundir información y espacios de debates concernientes a las consecuencias del Arco Minero del Orinoco, así como el inicio de publicaciones informativas de análisis de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco que saldrán periódicamente en la página web Aporrea y otras redes sociales.

Fuentes:
-           https://www.aporrea.org/contraloria/n321769.html
-           https://www.aporrea.org/actualidad/n321581.html
-           https://www.aporrea.org/actualidad/n321770.html
-           https://www.derechos.org.ve/actualidad/plataforma-contra-el-arco-minero-del-orinoco-presento-el-primer-boletin-desarmando-el-arco-minero

PDF del Primer Boletín “Desarmando el Arco Minero”:
-           https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/boletin_amo_def.pdf